En numerosos países han proliferado normativas que protegen el acceso igualitario al trabajo para todos, en ocasiones con especial foco en determinados grupos identitarios que han sufrido discriminaciones históricas o son minorías en riesgo de discriminación.

Por otro lado, conviven en la sociedad plural numerosas instituciones “identitarias” (ONGs, colegios, universidades, hospitales, centros comunitarios, think tanks, organizaciones religiosas, etc.), fundamentadas en principios y valores éticos y religiosos, que reivindican su derecho a incluir como criterio de contratación y trabajo en la institución el respeto -y en ocasiones la adhesión conceptual, e incluso existencial- a determinados valores, que -siguiendo sus estatutos fundacionales- consideran esenciales para el desarrollo de su misión y de sus actividades.

Además, en los últimos años, ha ido tomando fuerza la tendencia social que reclama a las empresas un compromiso con los valores más allá de la lógica lucrativa, solicitando una consistencia entre los ideales declarados, la práctica concreta y su participación en los debates de actualidad, también en relación con los empleados, colaboradores, auspiciantes y proveedores.

Estos movimientos producen, con asiduidad, casos conflictivos que han llegado o terminan llegando a los tribunales nacionales e internacionales. En este marco, junto al debido respeto a las libertades de asociación, de expresión, de investigación, de enseñanza y de religión, se verifica en muchos casos una concepción estatista que desconfía de la actividad privada y lleva a la sobrerregulación nacional y supranacional; una perspectiva laicista que mira a la religión como elemento disgregador, por lo que sospecha de su capacidad para respetar los derechos de los ciudadanos; y unas ciertas ambigüedades sociales y jurídicas que en algunos casos exaltan el derecho a la vida privada y familiar, y en otros habilitan la intervención estatal y judicial en esas mismas esferas.

En este contexto, la sociedad civil mantiene su dinamismo: la complejidad antes esbozada configura un momento óptimo para la reflexión, especialmente por parte de instituciones de inspiración cristiana.

La hostilidad externa puede llevar al enfrentamiento para recuperar o mantener espacios de autonomía amenazados, o a construir un ámbito cerrado de seguridad que lleve al aislamiento. En ambos casos, se corre el riesgo de rechazar el diálogo: en uno se cambiaría por la lucha y, en el otro, se anularía por la retirada. Una tercera posibilidad es la pérdida de identidad producida por cesiones de principios propios para cumplir con estándares ajenos. Ante estas posibilidades monológicas, las instituciones de identidad definida están llamadas a cuidar y proyectar su misión, que es fuente de su propuesta de valor y riqueza para la sociedad plural.

El objetivo del expert meeting, que tuvo lugar en Madrid a fin de marzo de 2019, fue reflexionar sobre estas cuestiones desde distintas perspectivas, con el fin de enriquecer el debate y ofrecer conocimiento práctico para instituciones “de tendencia” o fundamentadas en valores éticos y religiosos, sobre los desafíos jurídicos y organizacionales existentes en este campo.

Frente a este gran debate, Intermedia Social Innovation ha organizado el primer Expert Meeting del Cultural Mediation and Social Affairs Project, con el título: “Relaciones laborales en instituciones de identidad cristiana”. Ángel Gómez Montoro (Universidad de Navarra, España) fue el director académico y Juan Pablo Cannata (Universidad Austral, Argentina), el coordinador del comité organizador.

Específicamente, se planteó la cuestión sobre las implicaciones jurídicas de vincular un contrato laboral con un ideario basado en principios morales y religiosos, y los criterios que deben seguirse en caso de conflicto entre el ideario y las conductas o actitudes de los distintos tipos de trabajadores. Desde una perspectiva multidisciplinar, con 14 ponencias y siete coloquios, en los que participaron además 20 observadores académicos y profesionales, se discutieron buenas prácticas de gestión del talento, la función performativa e inspiradora del ideario en los centros educativos y asistenciales, los desafíos de comunicación y opinión pública, y las principales corrientes jurídicas en diversos tribunales y ámbitos legislativo.